Providence, R.I., 8 de agosto de 2001, fiesta de Santo Domingo

Hoy, fiesta de Santo Domingo, el Capítulo General de los Dominicos hace un llamamiento apremiante a la comunidad internacional.

Los delegados en él presentes, llegados de más de cien países, expresan su intensa preocupación por los perjuicios repetidamente causados a la dignidad humana en tres ámbitos particulares.

Lejos de querer imponer su propia visión del mundo y permaneciendo fiel a su tradición, la Orden de Predicadores (Dominicos) invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a trabajar juntos para poner fin a esas situaciones de injusticia que destruyen a la persona humana.

Al conservar, por un lado, la pena de muerte, al promulgar, por otro lado, sanciones internacionales que golpean indiscriminadamente a las poblaciones civiles y, por último, al privar a los más desposeídos de la posibilidad de acceso a los medios de curación, nuestras sociedades perpetúan estructuras que envilecen tanto a quienes son víctimas como a quienes las toleran.

Confiando en la capacidad del hombre, creado a imagen de Dios, para resolver los males que se inflige a sí mismo y contando con su experiencia en los cinco continentes, los miembros de la Orden hacen un llamamiento a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y particularmente a quienes comparten la fe católica, pidiéndoles que hagan todo cuanto esté en sus manos para superar esas situaciones de injusticia y para permitir que nuestras sociedades se convierten en instrumentos al servicio del completo desarrollo del hombre.

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Llamamiento a la abolición de la pena de muerte

A/ Llamamiento a la abolición de la pena de muerte.

El Capítulo General de la Orden de Predicadores, reunido desde el 9 de julio hasta el 8 de agosto en Providence, R.I. (Estados Unidos) y constituido por los delegados de los Frailes Dominicos de más de cien países hace un llamamiento a todos los Estados de la comunidad internacional para que procedan a abolir la pena de muerte, sin demora y en toda circunstancia.

En nombre de la fe y de los principios comunes de nuestra humanidad, el Capítulo general hace un llamamiento a todos los hombres de buena voluntad y, muy particularmente, a los católicos para que trabajen con ardor en favor de la abolición de la pena de muerte y para que se conviertan en actores de una cultura de la vida.

B/ Llamamiento a una moratoria de las ejecuciones.

La pena de muerte contradice la virtud política de la clemencia. No sólo destruye la vida de la persona a quien se aplica, sino que atenta igualmente contra la dignidad de los ciudadanos en cuyo nombre se pronuncia o aplica.

Por otro lado, las estadísticas judiciales muestran que la pena de muerte no tiene un efecto disuasivo. Muestran también que la pena de muerte es frecuentemente aplicada de modo discriminatorio en detrimento de los más desposeídos, particularmente aquellos que pertenecen a minorías.

Dado su carácter definitivo, la aplicación de la pena de muerte priva al condenado de toda posibilidad de corregirse, así como de la facultad de reparar el perjuicio causado a sus víctimas.

Además, dado su carácter irreversible, también priva a la sociedad de todo medio de revisión en caso de error judicial. Hace, en tales casos, que los ciudadanos, en cuyo nombre se pronunció el veredicto, carguen con la responsabilidad de la muerte de un inocente.

Igualmente, haciendo suyo el llamamiento a una moratoria emitido por el Papa Juan Pablo II (Navidad de 1998), el Capítulo General de la Orden de Predicadores pide a todos los Estados que aún no hayan abolido de la pena de muerte que suspendan sin demora las ejecuciones.

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Llamamiento a la supresión de las sanciones económicas

El Capítulo General de la Orden de Predicadores, reunido desde el 9 de julio hasta el 8 de agosto de 2001 en Providence, R.I. (Estados Unidos) y constituido por los delegados de los Frailes Dominicos de más de cien países, hace un llamamiento a la revisión de las sanciones económicas.

Las sanciones económicas, promulgadas como una alternativa al uso de la fuerza, sobre todo contra Irak y contra Cuba, no han tenido los efectos esperados en lo relativo a la democracia y a la paz, pero han tenido efectos devastadores para las poblaciones civiles.

Las sanciones económicas contra Irak, impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para garantizar el restablecimiento de la paz en la región del Golfo, han acarreado, según ha reconocido la propia Organización, la muerte de varios cientos de miles de niños de menos de cinco años de edad (500.000 entre los años 1991 y 1995).

De este modo, según un estudio de la O.N.U (E/CN.4/Sub.2/2000/33), tales sanciones han violado el derecho internacional. Tal y como ha reconocido el Secretario General de las Naciones Unidas (CS: 24/03/2000), han perjudicado a poblaciones a las que esa Organización, por su propia misión, tenía el deber de proteger.

La conservación, sin límite de tiempo, de tales sanciones económicas se ordena actualmente más a la protección de intereses particulares que al restablecimiento de la paz y la seguridad de las poblaciones. Contribuye, además, a mantener un clima de violencia en la comunidad internacional.

Apoyándose sobre su fe cristiana y sobre una ética respetuosa de la dignidad de toda vida humana, recordando los principios fundamentales que rigen la comunidad internacional, el Capítulo General de la Orden de Predicadores dirige un llamamiento a todas las partes en conflicto para que busquen otros medios de solución pacífica de los diferendos.

Haciendo suyas las apelaciones del Papa Juan Pablo II y del Cardenal Etchegaray, el Capítulo General de la Orden de Predicadores renueva así el llamamiento que, por medio de su Delegado permanente ante la ONU, dirigió a los responsables políticos y a los ciudadanos de los países implicados, más particularmente a los católicos, para que hagan todo lo posible para poner fin a las sanciones que, todavía hoy, golpean indiscriminadamente a las poblaciones civiles.

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La lucha contra el vih-sida en los países en vías de desarrollo

Los delegados de los Frailes Dominicos de más de cien países, reunidos desde el 9 de julio hasta el 8 de agosto de 2001 en Providence, R.I. (Estados Unidos), permaneciendo atentos al carácter sagrado de la vida, lanzamos un llamamiento a todos los países del mundo a propósito de la amenaza mundial que representa la epidemia del SIDA. Unimos nuestras voces a la de la Santa Sede, para pedir a las organizaciones nacionales e internacionales que hagan todo lo posible por mejorar la vida de quienes sufren esta enfermedad y para apoyar programas de prevención que respeten la dignidad de la persona humana.

La pandemia del SIDA es un drama mundial. Ha alcanzado proporciones alarmantes en los países del Sur y muy especialmente en la parte subsahariana del continente africano. Según la ONU, de los 34,3 millones de pacientes que existen en el mundo, 24,5 millones viven en África y muy pocos de ellos tienen acceso a cuidados médicos.

La enfermedad es mundial, pero el acceso a los cuidados médicos no está mundializado. Sin embargo, aunque aún no se haya descubierto una vacuna, existen los medios que permiten limitar esa epidemia. Tales medios son de tres tipos: cuidados médicos, campañas intensas de información y de educación, estructuras sanitarias adecuadas en todos los países contaminados.

El deterioro de la salud pública en muchos países en vías de desarrollo ha llamado la atención de la opinión internacional sobre las crecientes dificultades de los mismos para la obtención y producción de medicamentos en el marco actual de la Organización Mundial del Comercio.

Los remedios necesarios para la prevención y tratamiento del SIDA se venden a precios inalcanzables para los países pobres, que son los más afectados. Ahora bien, se acusa a algunas compañías de preocuparse únicamente por el beneficio, como se manifestó en el proceso de Johannesburg en abril de 2001. A pesar de que ese proceso haya hecho retroceder a las compañías por primera vez y de que permita esperar una reducción del precio de los tratamientos mediante la utilización de productos genéricos, los problemas persisten.

· Denunciamos los efectos perversos del actual uso de las patentes farmacéuticas (Acuerdo TRIPS - Trade Related Aspects of Intelectual Propety), que impide el acceso a los medicamentos genéricos en los países en vías de desarrollo. Nos oponemos a toda revisión de esos acuerdos que resulte desfavorable para los países pobres y desprovistos.

· Pedimos a los gobiernos de los países más ricos que concedan a los países pobres y endeudados una condonación de la deuda que les permita asignar ese dinero a la lucha contra el SIDA.

· Pedimos que los gobiernos de los países en vías de desarrollo, ayudados por las ONG, pongan en marcha una política eficaz de información y prevención, de defensa de la familia y de educación de la sexualidad humana; que hagan de la lucha contra el SIDA una prioridad nacional; que importen y produzcan ellos mismos una mayor cantidad de productos genéricos; que garanticen, con la ayuda internacional, las estructuras materiales indispensables para que los enfermos puedan acceder a los cuidados médicos.

· Pedimos a la Organización de las Naciones Unidas (ONUSIDA) que actúe por todos los medios ante las industrias farmacéuticas y ante los Estados, con el objeto de poder en marcha una política eficaz de lucha contra el SIDA en los países en vías de desarrollo y de activar el Fondo de Apoyo Terapéutico Internacional (FSTI).